La sentencia llega casi tres años después de un trágico suceso que conmocionó a la ciudad… y a todo el país. Un brutal e irracional asesinato al que le siguió un rosario judicial que desembocó en el esperado juicio al asesino confeso de Diego Valencia.La noche del 25 de enero de 2023, un hombre entró en la iglesia de San Isidro y comenzó a increpar a los fieles intentando convertirlos. Tras salir del templo, regresó con un arma blanca de grandes dimensiones y causó destrozos en imágenes religiosas. Lesionó gravemente al párroco de San Isidro, Antonio Rodríguez Lucena, y después se dirigió a la iglesia de Nuestra Señora de la Palma, donde el sacristán Diego Valencia fue atacado; Valencia murió por las heridas infligidas en la Plaza Alta cuando intentó impedir el ataque. Varias personas más resultaron heridas al intentar repeler la agresión.
Diego Valencia era el sacristán de la parroquia de Nuestra Señora de la Palma. Su muerte provocó una honda consternación en Algeciras: con numerosos actos religiosos y de condena pública.
Minutos después del atentado, su autor era detenido por agentes de la Policía Local. Se trataba de Yassine Kanjaa, un varón de nacionalidad marroquí con antecedentes de estancia irregular en España y al que le constaba un seguimiento en Marruecos por su estado psiquiátrico en Marruecos.
Tras su detención, la Fiscalía calificó el hecho como delito terrorista y, en su escrito de calificación, solicitó una pena de 50 años de prisión en total por delitos de asesinato terrorista, tentativa de asesinato y lesiones terroristas. Esa calificación de terrorismo ha sido uno de los ejes litigiosos del caso, sobre todo por la concurrencia de cuestiones médicas en el historial del acusado.
Desde etapas tempranas del proceso, se sometió a Kanjaa a evaluaciones psiquiátricas que describían un cuadro psicótico —con delirios atribuibles a una esquizofrenia—. La defensa ha invocado estas circunstancias para cuestionar la imputabilidad plena; la Fiscalía, no obstante, mantiene que no estaban anuladas sus capacidades intelectivas para actuar con propósito terrorista, apoyado en la documentación que la Policía encontró al detenido relacionada con el yihadismo radical.
La insistencia de la Fiscalía en el delito de terrorismo motivó que la causa se dirigiera a la Audiencia Nacional. Hubo recursos y controversias sobre si debía devolverse a los juzgados ordinarios de Algeciras; pero finalmente el Tribunal Supremo (TS) confirmó en diciembre de 2024 la competencia de la Audiencia Nacional para enjuiciar el caso.
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