El Partido Popular (PP) y Vox reclaman que el Gobierno someta a votación en el Congreso y el Senado la ratificación del acuerdo europeo suscrito con el Reino Unido sobre Gibraltar tras el Brexit. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores considera que este trámite no es necesario, al tratarse de un acuerdo de asociación de la Unión Europea con terceros países, cuya validación basta con la ratificación del Parlamento Europeo y el respaldo unánime del Consejo de la Unión Europea. El PP y Vox quieren que el Gobierno someta a votación en el Congreso y el Senado el acuerdo europeo suscrito con el Reino Unido sobre Gibraltar tras el Brexit, algo que Exteriores no considera necesario alegando que es un acuerdo de asociación de la Unión Europea con terceros y basta con la ratificación por el Parlamento Europeo y con el respaldo unánime del Consejo Europeo. En su comparecencia de hace una semana, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, calificó el acuerdo como «histórico», dio por cumplidos todos sus objetivos y celebró la unanimidad del Consejo de la UE para que se empiece a aplicar provisionalmente a partir de julio. Pero la oposición quiere que se vote también en el Parlamento español y que se articule como una ley orgánica que requiere el apoyo de al menos la mayoría absoluta de ambas Cámaras. Así se lo ha reiterado este lunes el diputado de Vox José María Sánchez García, al secretario general para la Unión Europea, Carlos Moreno, que comparecía en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de la UE.Moreno explicó que el procedimiento de ratificación previsto está respaldado por los servicios jurídicos de la Comisión Europea, del Consejo y de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El debate sobre el procedimiento llegará al Pleno del Congreso, después de que el PP haya registrado una proposición no de ley. Según la formación política, el acuerdo encaja en varios supuestos que obligan a la autorización previa de las Cortes Generales, como su posible afectación a la integridad territorial, su carácter político o militar, su incidencia en derechos y deberes fundamentales, las obligaciones financieras para la Hacienda Pública o la necesidad de medidas legislativas para su ejecución.
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