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Verdemar denuncia un fondeadero encubierto de petroleros de Gibraltar frente a la Costa del Sol

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La organización ecologista Verdemar Ecologistas en Acción ha denunciado la existencia de un fondeadero “silencioso y encubierto” de buques petroleros procedentes de Gibraltar, frente a la Costa del Sol. Una situación que, según la entidad, supone un grave riesgo para el litoral y el Mar de Alborán ante la pasividad del Gobierno de España.

Verdemar señala que Gibraltar se ha consolidado como el mayor puerto de bunkering del Mediterráneo gracias a un modelo basado en bajos costes y escasa exigencia inspectora, además de la ocupación progresiva de espacios protegidos.
La organización denuncia que buques petroleros, butaneros y cargueros fondean en la Bahía de Algeciras y en la cara este del Peñón incumpliendo el Plan de Usos del ZEC Estrecho Oriental, cuyo artículo 10 prohíbe el fondeo permanente de buques tanque dedicados al suministro de combustible dentro del espacio protegido.
Aseguran que está proyectado además un nuevo fondeadero exterior de más de mil hectáreas que ampliaría esta ocupación en pleno espacio protegido.
La entidad asegura que la intensidad de la actividad, amparada en la figura del “paso inocente”, permite observar un tránsito continuo de buques navegando a baja velocidad en el Mar de Alborán mientras esperan su turno para abastecerse.
Verdemar ha trasladado estos hechos al Parlamento Europeo al considerar que este modelo vulnera compromisos ambientales de la Unión Europea y genera impactos acumulativos desde la Bahía de Algeciras hasta el Mar de Alborán, a lo largo de más de 7,4 millas náuticas dentro del espacio protegido. También denuncia un vacío legal que estaría permitiendo la expansión de fondeaderos, vertidos de aguas sin depurar y la ocupación progresiva del espacio marino protegido.
La organización reclama una actuación inmediata del Gobierno de España y de la Comisión Europea para frenar esta expansión y evitar una posible catástrofe ambiental en el Mediterráneo occidental, al considerar que la situación afecta a aguas españolas, a un espacio protegido de la Red Natura 2000 y a los intereses ambientales y económicos del país.