El Juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla ha acordado el sobreseimiento provisional de la investigación abierta contra José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz entre 1996 y 2013, por presuntamente agredir sexualmente a varios migrantes. Así lo ha confirmado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al tiempo que ha matizado que la decisión se ha producido tras analizar y valorar las declaraciones de las víctimas y testigos protegidos que han depuesto en el procedimiento.
El Juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla ha acordado el sobreseimiento provisional de la investigación abierta contra José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz entre 1996 y 2013, por presuntamente agredir sexualmente a varios migrantes. La magistrada ha llegado a la conclusión de que no hay “indicios suficientes” de que el investigado cometiese algún delito, entiende que si ocurrió algo fue con el consentimiento de los denunciantes y cree que la denuncia obedeció a motivos ilegítimos “distintos de la protección de los derechos de las víctimas”. Asimismo afirma que claramente tendrían que ver con conflictos y luchas de poder entre el investigado y la Fundación Sevilla Acoge.
En un auto fechado el 23 de febrero, la magistrada Beatriz González destaca que “llama la atención y resta credibilidad” a los denunciantes: “La inexplicable demora en poner estos acontecimientos, de forma simultánea, en conocimiento de la Fundación [Sevilla Acoge]”. Fue la Fundación la que comunicó a la Policía unos hechos “respecto a los que, curiosamente, tampoco tenía noticia”. “O si la tenía, la ocultó”.
Estas circunstancias sugieren la posible existencia de otros intereses distintos de la protección de los derechos de las víctimas detrás de la denuncia”, resalta la magistrada. A su juicio, “claramente tendrían que ver con conflictos y luchas de poder entre el investigado y la Fundación, o alguno de sus patrones o instituciones supervisoras, por hechos que no guardan relación” con los de la denuncia. El auto recuerda que Chamizo ha tenido empadronados en su casa “a más de 80 inmigrantes en los últimos cinco años” y que así “ha favorecido la regularización de su situación administrativa en España”. Todos eran “hombres adultos que necesariamente han tenido que presentar su documentación y aportar su consentimiento a tal fin”. De esas ochenta personas, “sólo tres han afirmado haber sido coaccionados de alguna forma por el investigado para que les brindara su apoyo en el proceso de regularización”, pero “sus testimonios presentan brechas que no permiten sustentar” la continuación del procedimiento judicial. Al ser testigos protegidos, y por tanto de identidad “no accesible” a las defensas, “cabe exigir de sus declaraciones un plus de consistencia, verosimilitud y sinceridad que no se aprecia en este caso”, agrega la magistrada.
