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El juzgado ordena a Alvise Pérez que elimine en cinco días las publicaciones contra el alcalde

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Cinco días le ha dado el juzgado número 4 de Algeciras a Alvise Pérez para que elimine definitivamente las publicaciones difundidas en sus canal de Telegram contra el alcalde de Algeciras. Así lo recoge el diario La Razón que recoge que el auto concreta el plazo después de que en febrero el juzgado ya ordenara que retirara los mensajes.

El líder de Se Acabó la Fiesta y europarlamentario, Alvise Pérez tendrá que eliminar definitivamente, por mandato judicial y en un plazo máximo de cinco días, tres publicaciones que difundió el pasado diciembre en su canal de Telegram sobre el alcalde de Algeciras. Así se lo ordena la plaza número 4 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Algeciras en un auto, conocido por el diario LA RAZÓN, en que se acuerda en calidad de medida cautelar. Si el eurodiputado no lo lleva a cabo dentro del periodo temporal señalado, se podrá pedir que se faculte a un tercero para que borre los mensajes o, incluso, que se le reclame a Alvise el resarcimiento de los daños y perjuicios provocados a Landaluce. La resolución judicial es firme y contra la misma no cabe recurso. Lo único que podría hacer el principal dirigente de Se Acabó la Fiesta es oponerse, a través de su defensa, al cumplimiento de la cautelar dentro de los diez días siguientes a que le notifiquen el auto. El primer edil le llevó ante los tribunales al entender que había dañado su derecho al honor con la «campaña continuada de hostigamiento, difamación y descrédito personal» que emprendió en su contra. A finales del pasado febrero, el magistrado ya ordenó a Alvise que eliminase de sus redes sociales estos mensajes amenazantes contra el alcalde de Algeciras en los que le imputaba conductas de acoso sexual. Ahora, concreta el plazo de ejecución de estas cautelares impuestas, que había sido solicitada por la letrada del afectado, Guadalupe Sánchez. Según el periódico, Alvise Pérez recibe así otro varapalo judicial el mismo día en el que la Eurocámara le levanta la inmunidad parlamentaria y, con ello, da vía libre al Tribunal Supremo que le procese por acoso contra la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación de Valencia.