El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este miércoles declarar de «fuerza mayor y extrema necesidad» la situación generada por la llegada masiva a las costas andaluzas de los arribazones del alga invasora conocida como alga asiática. El acuerdo permitirá aplicar la exención del impuesto estatal sobre el depósito de residuos en vertedero, con el objetivo de aliviar la presión económica que soportan los municipios costeros ante este fenómeno ambiental excepcional. En Algeciras, en 2024 se retiró tres veces más que en 2023 y cinco veces más en 2025.
En estos momentos, la distribución de la Rugulopterix okamurae alcanza las cinco provincias costeras de Andalucía En la zona del estrecho de Gibraltar se estima, incluso en un cálculo conservador, una biomasa anual de alrededor de 100.000 toneladas de peso fresco, que alcanza distintos municipios costeros en función de los vientos. Localidades como Algeciras, La Línea de la Concepción o Tarifa soportan una presión extraordinaria derivada de la necesidad constante de retirada de esta biomasa, cuyo crecimiento es incesante y descontrolado. En Algeciras, en 2024 se retiró tres veces más que en 2023 y cinco veces más en 2025. La retirada de estos arribazones genera un volumen masivo de residuos imprevisible en frecuencia y magnitud, que requiere actuaciones urgentes, reiteradas y muy costosas. En la situación actual, la valorización de esta biomasa es muy limitada debido a su alto contenido en sales y arenas, su inestabilidad y la necesidad de inactivar los ejemplares retirados para evitar la continuidad de la invasión. El compostaje resulta técnicamente complejo y los usos industriales disponibles son todavía incipientes, por lo que la única opción viable actualmente es su gestión como residuo y su depósito en vertedero. Esta gestión conlleva la aplicación del impuesto estatal de 30 euros por tonelada, establecido en la Ley 7/2022, lo que supone una carga económica muy significativa para las entidades locales. No obstante, la propia ley contempla la exención del impuesto en situaciones de fuerza mayor, extrema necesidad o catástrofe, cuando la entrega de residuos sea ordenada por las autoridades. De esta forma, se pretende evitar una penalización económica injusta a los municipios.
