El Ayuntamiento de Algeciras estudia emprender acciones legales contra la portavoz municipal del PSOE, Rocío Arrabal, por lo que consideran revelación de información confidencial en rueda de prensa, en relación a la adjudicación del puente del río Pícaro. Para los responsables municipales, dar a conocer información que no es pública de un órgano reglado como la Mesa de Contratación, supervisado por la Ley de Transparencia, puede poner en grave riesgo no solo las actuaciones y decisiones que emanan de él, sino la credibilidad del Ayuntamiento.
Según el Ayuntamiento, en La comparecencia que ofreció ayer, Arrabal informó de aspectos relacionados con la Mesa de Contratación del Ayuntamiento y la adjudicación de las obras del puente del río Pícaro, sesión a la que asiste en su condición de invitada sin voto. En este sentido, desde el ayuntamiento explican que “por un lado, faltó a la verdad indicando que uno de los lotes de la adjudicación había quedado desierto, y por otro, facilitó a la opinión pública datos que son confidenciales, incumpliendo así la obligación que tienen los concejales de mantener el secreto de las deliberaciones”.
Apuntan que en la sesión que mañana jueves celebrará la Mesa de Contratación, pasará esta licitación, ya que se encuentra pendiente de adjudicación, al estar formada por tres lotes.
Por todo ello, consideran que Arrabal ha vulnerado el artículo 16.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), que indica textualmente que “los miembros de la corporación tienen el deber de guardar reserva en relación con las informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, singularmente de las que han de servir de antecedente para decisiones que aún se encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la reproducción de la documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio”.
Asimismo, la portavoz municipal socialista habría contravenido el artículo 22 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Algeciras, que recoge literalmente que “los concejales tienen la obligatoriedad de preservar la confidencialidad de la información que se les facilite para el desarrollo de su función. Especialmente, habrán de guardar reserva por lo que respecta a la información que pueda afectar a los derechos y libertades de los ciudadanos reconocidos por la Constitución”.
Para los responsables municipales, dar a conocer información que no es pública de un órgano reglado como la Mesa de Contratación, que es constantemente supervisado por la Ley de Transparencia, puede poner en grave riesgo no solo las actuaciones y decisiones que emanan de él, sino la credibilidad del Ayuntamiento de Algeciras como institución, por lo que estudian iniciar acciones legales contra Rocío Arrabal.
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