La Asociación Unificada de Guardias Civiles, ha expresado su “indignación y tristeza” con motivo del segundo aniversario de los hechos ocurridos en el puerto de Barbate, en los que dos guardias civiles “fueron asesinados tras ser embestidos por una narcolancha”. La organización ha denunciado la “parálisis” del Gobierno de España, a la hora de atender las reivindicaciones del colectivo para reforzar la lucha contra el narcotráfico.
Según la asociación, “dos años después, la realidad a pie de costa no ha cambiado” y “la desidia política sigue siendo el principal obstáculo para la seguridad de quienes luchan contra el narcotráfico”. En este marco, alude a “promesas incumplidas” como la declaración de zona de especial singularidad para el Campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz que, afirma, continúa “olvidada” y “guardada en un cajón”. AUGC sostiene que las plantillas de la Guardia Civil “continúan bajo mínimos, sin el refuerzo estructural necesario para combatir mafias cada vez más violentas”, y denuncia la ausencia de incentivos, al no haberse aprobado los complementos económicos ni los incentivos profesionales “que permitan asentar a los agentes en el territorio”.
La asociación advierte asimismo del “riesgo constante” al que están expuestos los agentes, que “siguen enfrentándose a embarcaciones de alta potencia con medios técnicos y materiales claramente inferiores”. AUGC se ha sumado a las críticas de representantes públicos y sociales que sostienen que “nada ha cambiado tras lo ocurrido en Barbate”, y ha señalado “el desmantelamiento de unidades especializadas y la falta de una estrategia integral por parte del Ministerio del Interior contra el narcotráfico”.
Ante esta situación, la organización ha manifestado su “decepción” y ha subrayado que “no se puede permitir que el sacrificio de los compañeros caiga en el olvido por un abandono institucional incomprensible”. En esa línea, ha afirmado que “dos años es tiempo más que suficiente para haber dotado a la provincia de medios de protección dignos y patrulleras capaces de plantar cara a las narcolanchas con seguridad”.
Por todo ello, AUGC ha exigido al Ministerio del Interior el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo, la declaración “inmediata” de zona de especial singularidad para el Campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz y un incremento “real y permanente” de la plantilla en las “zonas tensionadas”. También ha reclamado la renovación “urgente” de las embarcaciones marítimas y la dotación de equipos de protección “adecuados”, defendiendo que “es hora de pasar de las palabras a los hechos” y que “la seguridad de los agentes y de los ciudadanos no puede esperar más”.
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