La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha adoptado este martes un informe que aboga por reformar el marco comunitario para que las agresiones contra agentes de las Fuerzas de Seguridad sean tipificadas como «eurodelitos» y defiende que los efectivos que trabajan en el ámbito de la seguridad sean consideradas profesiones de «alto riesgo» en el conjunto de la Unión Europea. Así consta en el informe de conclusiones de la misión de eurodiputados que el pasado mayo viajó a Algeciras y Barbate para examinar las condiciones de trabajo de los efectivos policiales.
El grupo de europarlamentarios que visitó la zona para comprobar como trabajan los cuerpos policiales en la lucha contra el narcotráfico y el control migratorio, emplaza a los organismos europeos a avanzar hacia una propuesta para que las agresiones contra agentes se consideren eurodelitos. El documento, que ha salido adelante con 18 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones, no será elevado a votación del pleno del Parlamento Europeo porque no se trata de una resolución o posición de la Eurocámara, sino que refleja las conclusiones consensuadas por el grupo de eurodiputados que viajaron en mayo Algeciras y Barbate, a raíz del asesinato de dos guardias civiles que fueron arrollados por una narcolancha. En un debate el pasado septiembre sobre esta misión, la Comisión Europea ya avisó de las dificultades de emprender tal reforma porque el artículo de los Tratados que recoge la lista de crímenes considerados eurodelitos se refiere a los más graves –como el terrorismo, el crimen organizado o el narcotráfico– y todos ellos tienen una dimensión «transfronteriza» de la que carecen las agresiones a agentes de las fuerzas de seguridad. De igual modo, el informe de conclusiones reclama que policías, militares, funcionarios de prisiones y agentes de frontera y aduanas sean consideradas profesiones de alto riesgo en toda la Unión Europea, y recoge la necesidad de dotarles de «todas las protecciones legales, económicas y laborales», incluido planes de jubilación anticipada, protocolos de salud y seguridad adaptados a sus necesidades. El informe final ha salido adelante, además, con dos enmiendas. Una de ellas promovida por los populares «toma nota» de que el Ejecutivo, «en contra de los deseos de las familias de las víctimas, concedió un ascenso profesional en agosto de 2025 a los responsables de la operación de febrero de 2024 en la que dos agentes de la Guardia Civil fueron asesinados por narcotraficantes. En la otra la extrema derecha «lamenta» la decisión del Gobierno de «retirar pruebas clave antes de la visita de la delegación –en concreto, la patrullera implicada en los asesinatos de Barbate. Mientras tanto, desde el PSOE acusan a PP y Vox de recurrir a una «politización» de una misión que fue aprobada para explorar las condiciones laborales de las fuerzas de seguridad «en toda Europa».
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