La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, en la Junta de Comarca celebrada esta mañan ha aprobado el cambios en las ordenanzas del servicio de abastecimiento de agua. El objetivo es proteger a los hogares de la Comarca repercutiendo el incremento del coste del agua en alta sobre los grandes consumidores y campos de golf.
Así se han aprobado las modificaciones de ordenanzas necesarias para ajustar el servicio de abastecimiento de agua en determinadas zonas residenciales de la comarca que cuentan con estructuras tarifarias específicas debido a su singularidad y volumen de consumo. Estas modificaciones no son fruto de una decisión política discrecional, sino de un mandato legal y técnico derivado del incremento del Canon de Regulación y de las Tarifas de Utilización del Agua (TUA) aprobado por la Junta de Andalucía para 2026 y 2027. Este incremento afecta directamente al precio del agua en alta que ARCGISA compra para distribuir en los municipios.
La propuesta ya fue aprobada por unanimidad por todos los alcaldes en el Consejo de Administración de ARCGISA. Todos coincidieron en un mismo objetivo: evitar que el aumento del coste del agua en alta recaiga sobre los hogares del Campo de Gibraltar, repercutiendo exclusivamente sobre los consumidores en alta. Para lograrlo, la solución técnica y jurídicamente viable es repercutir ese incremento únicamente en los grandes consumidores de agua en alta, especialmente en aquellos donde la mayor parte del agua no se destina a usos domésticos, sino a actividades privadas de carácter recreativo, ornamental o vinculadas al mantenimiento de zonas de alto valor residencial. Así el modelo propuesto se centra en áreas donde el 80 % del agua se destina al riego de jardines, campos de golf y zonas verdes. Gracias a esta medida las familias de los ocho municipios no verán incrementado su recibo del agua. Se evita trasladar el sobrecoste del agua en alta a los hogares. Los grandes consumidores asumen el incremento derivado de su propia demanda. Se cumple con la legislación, que exige mantener el equilibrio económico de los contratos de concesión.
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